SIN TREGUA: VIOLENCIA CONTRA LA ATENCIÓN DE SALUD EN LOS CONFLICTOS

25 Mayo 2021

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Hoy, la Coalición para Preservar la Salud en los Conflictos, de la cual el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) es miembro fundador, ha publicado su octavo informe anual documentando la incidencia global de los ataques y amenazas contra los trabajadores, instalaciones y transportes sanitarios en todo el mundo. El informe, al cual ha contribuido el CIE, cita 806 incidentes de violencia contra la atención de salud u obstrucción a la misma en 43 países y territorios en guerras y conflictos violentos en curso desde 2020, que van desde el bombardeo de hospitales en Yemén al secuestro de médicos en Nigeria. Los ataques –en particular asesinatos, secuestros y agresiones sexuales, además de destrucción de instalaciones y transportes sanitarios y daños en los mismos– han agravado las amenazas para la salud en todas las comunidades mientras los sistemas sanitarios se esforzaban en prepararse contra la pandemia de COVID-19 y ofrecer una respuesta al respecto.

Las conclusiones señalan que, en el quinto aniversario de la Resolución 2286 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la protección de la atención sanitaria en los conflictos armados, aún no se ha puesto freno a los actos de violencia contra la misma, y que la impunidad de sus autores sigue siendo una constante. En su introducción sobre el informe, el Presidente de la Coalición Leonard Rubenstein afirma que "Las razones de la violencia son variables y en ocasiones complejas, pero la explicación de la impunidad continuada no lo es. Los Estados no han cumplido su compromiso de actuar —individualmente o en el ámbito de un esfuerzo internacional— para prevenir esta violencia o hacer que sus autores rindan cuentas".

El informe, "Sin Tregua: Violencia Contra la Atención de Salud en los Conflictos", documenta al menos 185 muertes y 117 secuestros de trabajadores sanitarios. Los países con mayor número de agresiones son Afganistán, República Democrática del Congo (RDC), Libia, los territorios ocupados de Palestina, Siria y Yemen. Si bien estas cifras (806) representan un declive modesto en comparación con la cifra general denunciada por la Coalición en 2019 (1 203), el número de asesinatos se ha incrementado en un 25 por ciento y el de secuestros en un 65 por ciento. Al mismo tiempo, durante la pandemia de COVID-19 se han producido más de 400 actos de violencia contra la atención de salud.

El Director General del CIE Howard Catton ha declarado "Este informe es una elocuente crítica de que el esfuerzo general para proteger a nuestros trabajadores sanitarios en las primeras líneas de la atención sanitaria en zonas de conflicto se está quedando muy corto. La violación de los derechos de los trabajadores sanitarios es una crisis tanto sanitaria como humanitaria. Nuestras enfermeras, ya sea en áreas de conflicto o en las primera líneas contra la COVID en el mundo, corren especial riesgo de sufrir violencia. El Derecho Internacional Humanitario no solo ha de respetarse sino también aplicarse sobre el terreno para proteger a las enfermeras y otros trabajadores sanitarios en el corazón de nuestros sistemas de salud. La Organización Mundial de la Salud ha declarado 2021 Año de los Trabajadores de la Salud y los Cuidadores, de manera que su protección debe ser de máxima prioridad".

"La violencia contra los trabajadores sanitarios ha adoptado numerosas formas espantosas: disparos a ambulancias, bombardeo de hospitales e incluso francotiradores que han considerado a los médicos como objetivo", ha declarado Christina Wille, Directora de Insecurity Insight, que ha dirigido la recopilación de datos. "Sigue sin conocerse la verdadera dimensión de la violencia puesto que muchos países, instalaciones sanitarias y organizaciones no comunican sus experiencias. Sin embargo, hemos de recordar que cada incidente es en sí mismo una tragedia y representa la pérdida de un familiar y un colega".

Es posible acceder a la totalidad de los datos de 2020 citados en el informe a través de la página de Insecurity Insight sobre Ataques a la Atención Sanitaria en Países en Conflicto visitando Intercambio de Datos Humanitarios. Los datos y análisis relativos a 17 países y territorios con las cifras más elevadas de incidentes están a disposición como conjuntos de datos individuales en hojas de cálculo separadas incorporadas en el informe.

INFORME COMPLETO DISPONIBLE AQUÍ

Existe un mapa interactivo y un informe al respecto publicados por el miembro de la Coalición Insecurity Insight en marzo de 2021 que pone de relieve otros 412 incidentes de violencia contra la salud como ataques a centros de tests y a trabajadores sanitarios relacionados directamente con la pandemia de COVID-19 considerándolos como objetivo.

En los cinco años desde la adopción de la Resolución 2286 del Consejo de Seguridad, según se ha denunciado, la población en 14 conflictos ha experimentado más de 50 incidentes de violencia contra la atención de salud, en ocho conflictos más de 100 incidentes de este tipo, en cinco más de 200 y en cuatro más de 300.

El informe destaca que los Estados no han llevado a cabo las acciones que decidieron en la resolución y a las que les instó el Secretario General de la ONU en sus recomendaciones para su aplicación.

  • Garantizar que los militares integren medidas prácticas para la protección de los heridos, enfermos y servicios médicos y en la planificación y realización de sus operaciones.
  • Adoptar marcos legales nacionales para garantizar el respeto a la atención de salud, en particular excluyendo la prestación de salud imparcial de cualquier castigo con arreglo a la legislación nacional antiterrorista.
  • Colaborar en la recopilación de datos sobre la obstrucción a la atención de salud, las amenazas y las agresiones físicas a la misma.
  • Realizar “investigaciones inmediatas, imparciales y eficaces, así como procesos de rendición de cuentas en las jurisdicciones de los Estados acerca de las violaciones del derecho internacional humanitario” en relación con la atención de salud.
  • Derivación por parte del Consejo de Seguridad de los casos en los que haya evidencia de crímenes de guerra en relación con la violencia contra la atención sanitaria, como en Siria, a la Corte Penal Internacional.
  • Incorporar una lista de los Estados que el Representante Especial del Secretario General para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados haya encontrado que han participado en actos de violencia contra hospitales en el anexo del informe anual del Secretario General sobre los niños en los conflictos armados.
  • Cesar la venta de armas que se hayan utilizado para infligir violencia contra la atención de salud.

Al publicar el informe, la Coalición ha instado al Secretario General de Naciones Unidas a informar de las acciones e inacciones de los Estados Miembros en relación con los compromisos alcanzados hace cinco años y recomendar el nombramiento de un relator o representante especial para informar sobre los países y los temas como paso hacia la rendición de cuentas para garantizar que la protección de la salud en los conflictos sea algo más que palabras huecas.

"Como si no fuera suficiente con la pandemia de COVID-19 y otras amenazas para la salud, cada día, los trabajadores sanitarios corren el riesgo de sufrir ataques violentos", ha declarado Joe Amon, Director de Salud Global en la Facultad de Salud Pública Dornsife de la Universidad de Drexel, socio de la Coalición. "Necesitamos una respuesta de emergencia dirigida no a un virus sino a nuestro fracaso colectivo de proteger a los trabajadores e instalaciones y ambulancias, además de garantizar que se salvaguarda el acceso a la salud, así como a todos los trabajadores sanitarios, frente a cualquier daño.” Información de contacto: [email protected] Tel.: +1 609-336-5582

"Ningún paciente debería preocuparse por su seguridad mientras recibe cuidados ni vivir con miedo además de la vulnerabilidad que supone la enfermedad. Los proveedores sanitarios nunca deberían tener que arriesgar sus vidas mientras cumplen con sus obligaciones morales. Las violaciones del derecho de acceso a atención sanitaria no pueden seguir siendo la norma y los autores deben rendir cuentas sobre estos crímenes," ha afirmado Houssam al-Nahhas, médico de Siria e investigador de Oriente Medio y África del Norte en Médicos por los Derechos Humanos.

MÉTODOS: El informe ha aplicado un planteamiento basado en eventos para documentar los ataques a la atención de salud y ha utilizado varias fuentes contrastadas. La información se ha consolidado en un único conjunto de datos de incidentes registrados que se han codificado utilizando definiciones estándar, a disposición en Intercambio de Datos Humanitarios. Los datos han sido recabados y analizados por Insecurity Insight. Las organizaciones miembro de la Coalición han aportado material adicional de sus respectivas áreas de trabajo e investigación. La Coalición para Preservar la Salud en los Conflictos es un grupo de organizaciones no gubernamentales internacionales que trabajan para proteger a los trabajadores, servicios e infraestructuras de carácter sanitario.

Entre los miembros del Comité de Dirección de la Coalición formada por más de 40 miembros se encuentran: Centro para la Salud Pública y los Derechos Humanos de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg, IntraHealth International, Human Rights Watch, Insecurity Insight, Consejo Internacional de Enfermeras, Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina, Centro Johns Hopkins para la Salud Humanitaria, Ciencias de Gestión para la Salud, Medact, Oficina de Salud Global, Facultad de Salud Pública Dornsife de Drexel, Médicos por los Derechos Humanos, Sociedad Médica Sirio-Americana, Lista de Vigilancia sobre los Niños y los Conflictos Armados, y el Centro de Derechos Humanos, Universidad de California, Facultad de Derecho de Berkeley.

CONTACTO PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Richard Elliott, Director de Comunicaciones y Eventos del CIE, [email protected]; Jenny Jun, Centro para la Salud Pública y los Derechos Humanos de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg, [email protected]