Diez años de la Resolución 2286 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: la AMPS pide que se proteja al personal sanitario y que se exijan responsabilidades por los ataques contra los servicios de salud
Diez años después de la adopción de la Resolución 2286 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Alianza Mundial de Profesiones de la Salud (AMPS) insta a todos los Estados y a las partes implicadas en conflictos armados a que cumplan con sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario y adopten medidas urgentes para proteger al personal sanitario, a los pacientes y a los centros de salud.
Aprobada el 3 de mayo de 2016, la Resolución 2286 condena enérgicamente los actos de violencia, los ataques y las amenazas contra los heridos y los enfermos, el personal sanitario y el personal humanitario que desempeña funciones médicas, sus medios de transporte y su equipo, así como contra los hospitales y otras instalaciones médicas. Exige que todas las partes en los conflictos armados los respeten y protejan, faciliten el paso seguro y sin obstáculos del personal sanitario y los suministros a las personas que los necesitan, y garanticen la rendición de cuentas por las violaciones graves.
Una década después, estas obligaciones se incumplen sistemáticamente. Desde 2026, fuentes como Insecurity Insight informan de más de 4.500 centros sanitarios dañados en conflictos de todo el mundo y de más de 3.800 trabajadores sanitarios asesinados (véase la fuente más abajo). En múltiples escenarios de conflicto, entre ellos Siria, Sudán, Ucrania y Gaza, los profesionales sanitarios siguen enfrentándose a violencia, arrestos, detenciones, intimidación y acoso simplemente por tratar a pacientes y cumplir con sus obligaciones éticas. Se han dañado, asaltado o militarizado hospitales y clínicas, y se ha obstaculizado el acceso a la atención esencial, con consecuencias devastadoras para la población civil y para unos sistemas de salud ya de por sí frágiles.
Howard Catton, presidente de la AMPS y director general del Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), declaró: «Diez años después de la adopción de la Resolución 2286, nos vemos obligados a preguntarnos qué ha cambiado realmente. Cuando los profesionales sanitarios son atacados, obstaculizados, detenidos o castigados por cumplir con sus deberes éticos, esto no solo constituye una violación del derecho internacional humanitario, sino también un ataque contra la propia humanidad y contra las comunidades que dependen de la atención sanitaria para sobrevivir».
La AMPS subraya que los profesionales sanitarios tienen tanto el derecho como el deber de prestar asistencia basándose únicamente en las necesidades médicas, sin discriminación y sin interferencias por parte de las autoridades estatales ni de otras partes en conflicto. Tal y como se reconoce en la Resolución 2286 y en virtud del Derecho internacional humanitario, no se debe obligar al personal sanitario a actuar en contra de la ética médica, ni se le debe castigar por llevar a cabo actividades médicas compatibles con dicha ética. La neutralidad de la asistencia sanitaria debe respetarse en todo momento.
La Resolución 2286 insta a los Estados a prevenir tales ataques, reforzar las protecciones legales, recopilar datos sobre obstrucciones y actos de violencia, y llevar a cabo investigaciones exhaustivas, rápidas, imparciales y eficaces. También deja claro que la impunidad fomenta la repetición de estos actos. Por lo tanto, la AMPS insta a los Estados no solo a condenar los ataques contra la asistencia sanitaria, sino también a garantizar que se investigue a los responsables y se les exijan responsabilidades de conformidad con el derecho nacional e internacional. Sin respeto por la neutralidad médica, el acceso seguro a la atención sanitaria y una rendición de cuentas efectiva por las violaciones, las promesas de la Resolución 2286 seguirán sin cumplirse.
Fuente: Insecurity Insight. 2026. Attacked and Threatened: Health Care at Risk. Interactive Map. Accessed on 21 April 2026.